 |
|
Tengo Otros Datos
Eduardo Esquivel Ancona
Deuda pública: cuánto debe México,
quién
financia al gobierno y qué hay detrás de los
billones
Hablar
de la deuda pública de México únicamente a
partir de su monto absoluto puede conducir a
conclusiones incompletas. El dato que llama
la atención es el tamaño del pasivo; el
verdadero desafío económico está en
entender cómo se integra, cuánto cuesta
financiarlo, quiénes son sus acreedores y,
sobre todo, qué capacidad tiene el Estado
para generar crecimiento e ingresos
suficientes para sostenerlo. Al cierre de julio
de 2026, el endeudamiento público registró
un nuevo máximo histórico y se ubicó
alrededor de 19.22 billones de pesos,
equivalente a aproximadamente 51.5% del PIB.
El tamaño del saldo obliga a cambiar la
pregunta: más que preguntarnos solamente
cuánto debe México, resulta indispensable
saber de dónde proviene esa deuda y hacia
dónde están fluyendo los recursos obtenidos
mediante financiamiento.
La deuda no es necesariamente un problema
En una economía
moderna, recurrir al endeudamiento no
implica por sí mismo una crisis financiera.
Los gobiernos utilizan deuda para cubrir
necesidades de financiamiento, suavizar
ciclos económicos, construir
infraestructura, refinanciar obligaciones y
atender compromisos presupuestarios cuando
los ingresos públicos no alcanzan. El problema aparece
cuando el endeudamiento crece de manera
persistente más rápido que la capacidad de
la economía para generar ingresos y riqueza. Una deuda puede ser
económicamente justificable si financia
infraestructura, energía, transporte, agua,
salud o proyectos capaces de elevar la
productividad. En cambio, si el
endeudamiento termina financiando de manera
recurrente obligaciones que no generan
activos ni mayores ingresos futuros, el
margen de maniobra fiscal comienza a
reducirse. Por eso, el
indicador relevante no es únicamente el
saldo de la deuda, sino la relación
entre deuda, crecimiento económico, ingresos
públicos, tasas de interés y costo
financiero.
El mercado que financia al Estado
El gobierno obtiene
una parte importante de sus recursos
mediante el mercado de deuda. En términos
sencillos, coloca instrumentos financieros
que son adquiridos por inversionistas a
cambio de recibir posteriormente el capital
más los intereses correspondientes. En México existen
instrumentos como Cetes, Bonos M, Udibonos y
Bondes, utilizados para obtener
financiamiento en el mercado nacional.
También existe deuda contratada en el
exterior. Esto significa que
una parte importante de los recursos que
utiliza el gobierno no proviene directamente
de nuevos impuestos, sino de inversionistas
que adquieren títulos gubernamentales. Y aquí aparece un
elemento fundamental: la deuda pública
también es un activo financiero para quien
la posee. Bancos, fondos de
inversión, aseguradoras, inversionistas
institucionales, Afores y participantes
extranjeros pueden mantener valores
gubernamentales. Por ello, cuando aumenta el
endeudamiento, también aumenta el volumen de
obligaciones financieras que el Estado
deberá atender en el futuro.
México debe principalmente en pesos
La estructura de la
deuda mexicana ofrece una ventaja
relevante: la mayor parte está denominada en
moneda nacional. La deuda interna
neta del Gobierno Federal alcanzó 15
billones 231 mil 245.7 millones de pesos al
cierre de julio de 2026, frente a los 14
billones 350 mil 268 millones registrados al
cierre de 2025. En el componente
externo, el saldo de la deuda externa neta
del Gobierno Federal se ubicó en torno a 159
mil 846.6 millones de dólares, equivalentes
aproximadamente a 2.72 billones de pesos. La composición es
importante porque una deuda
predominantemente interna reduce la
exposición directa del gobierno a una
depreciación abrupta del peso. Si el tipo de
cambio aumenta, el valor en pesos de las
obligaciones denominadas en dólares puede
crecer; esa presión es mucho menor cuando la
deuda está denominada en moneda nacional. Pero tener deuda en
pesos tampoco significa que sea gratuita.
El costo está en los intereses
El principal riesgo
de una deuda interna elevada no
necesariamente es una crisis cambiaria,
sino el costo financiero. Cuando las tasas de
interés son altas, refinanciar los
vencimientos o contratar nueva deuda resulta
más caro. Y aunque el Banco de México
reduzca las tasas, el beneficio no
necesariamente se traslada de inmediato a
todo el saldo de la deuda, porque existen
instrumentos contratados a diferentes plazos
y condiciones. Esto genera una
presión sobre el presupuesto: cada peso
destinado al costo financiero es un peso que
no puede utilizarse directamente para
infraestructura, salud, educación, seguridad
o inversión productiva. Por ello, el debate
fiscal no debería limitarse a cuánto crece
la deuda, sino a cuánto cuesta mantenerla.
¿En qué se utiliza el endeudamiento?
Aquí se encuentra
una de las preguntas más importantes. Los recursos
provenientes del financiamiento público se
incorporan al esquema general de las
finanzas gubernamentales y pueden estar
vinculados con el déficit presupuestario,
refinanciamiento y otros usos autorizados
por el marco jurídico. Entre sus
principales destinos se encuentran:
§
Financiamiento del déficit público,
cuando los ingresos presupuestarios resultan
inferiores al gasto.
§
Refinanciamiento y manejo de pasivos,
para cubrir vencimientos y mejorar las
condiciones financieras.
§
Inversión pública e infraestructura,
particularmente cuando se trata de proyectos
contemplados en el presupuesto.
§
Programas y servicios públicos,
dentro del conjunto del gasto gubernamental.
§
Obligaciones financieras de empresas públicas,
incluyendo el apoyo y manejo de pasivos de
empresas estratégicas como Pemex. Por ello, no resulta
correcto asumir que cada peso obtenido
mediante la emisión de un bono se deposita
directamente en una obra determinada. El
endeudamiento forma parte del mecanismo
integral de financiamiento del presupuesto
federal.
La Constitución establece límites
El artículo 73,
fracción VIII, de la Constitución establece
las facultades del Congreso en materia de
deuda pública y señala que los empréstitos
federales deben sujetarse a determinados
fines. El texto constitucional contempla,
además, operaciones de regulación monetaria,
conversión, refinanciamiento o reestructura
de deuda y situaciones de emergencia
declarada. Esto es importante
porque una afirmación frecuente —que toda
deuda pública mexicana necesariamente debe
destinarse exclusivamente a infraestructura—
resulta demasiado simplista. La discusión
jurídica y económica es más amplia: lo
determinante es bajo qué modalidad se
contrata el financiamiento, cuál es su
destino, qué autorización recibió y cómo se
integra al presupuesto y a las obligaciones
financieras del Estado.
La deuda interna: fortaleza y advertencia
Que México tenga una
elevada proporción de deuda interna
representa una ventaja frente a economías
excesivamente expuestas a deuda en moneda
extranjera. El gobierno recauda
principalmente en pesos y, por tanto, puede
atender gran parte de sus obligaciones en la
misma moneda en la que obtiene sus ingresos. Pero existe una
contrapartida. El gobierno compite
por recursos financieros con empresas y
hogares. Cuando las necesidades de
financiamiento público son elevadas y las
tasas permanecen altas, puede aumentar el
costo del crédito para el sector privado. En términos
económicos, esto puede generar un efecto de
desplazamiento: el Estado absorbe una mayor
proporción del ahorro disponible y puede
dejar menos espacio para financiar proyectos
privados de inversión. No significa que
cada peso de deuda pública desplace
automáticamente un peso de inversión
privada, pero sí representa un riesgo cuando
el financiamiento gubernamental se mantiene
elevado durante largos periodos.
La verdadera pregunta: ¿la deuda genera
crecimiento?
Aquí está el punto
central. México puede
convivir con una deuda elevada si su
economía crece, aumenta la recaudación,
mantiene bajo control el costo financiero y
utiliza el financiamiento para fortalecer su
capacidad productiva. Pero si la deuda
aumenta mientras el crecimiento permanece
débil, los ingresos fiscales avanzan
lentamente y el costo financiero consume una
proporción cada vez mayor del presupuesto,
el problema cambia de dimensión. La sostenibilidad
fiscal depende, en buena medida, de que la
economía crezca a un ritmo suficiente para
que la relación deuda/PIB no se deteriore
permanentemente. Por eso, 51.5% del
PIB no debe interpretarse automáticamente
como una cifra de quiebra ni como una señal
de tranquilidad absoluta. El porcentaje debe
analizarse junto con el crecimiento, las
tasas de interés, los ingresos públicos, el
perfil de vencimientos, la composición
monetaria de los pasivos y los activos
financieros del sector público.
El punto ciego: qué se está comprando con la
deuda
La pregunta
económica más relevante para México no es
solamente cuánto debe el gobierno. Es qué está
comprando con ese endeudamiento. Si el financiamiento
permite construir infraestructura que
reduzca costos logísticos, ampliar la
capacidad energética, mejorar el transporte,
elevar la productividad, atraer inversión y
generar mayores ingresos fiscales, la deuda
puede convertirse en una palanca de
crecimiento. Si, por el
contrario, una proporción creciente del
financiamiento termina destinada a cubrir
desequilibrios recurrentes sin aumentar la
capacidad productiva de la economía, el país
enfrenta una dinámica diferente: contratar
nueva deuda para cubrir compromisos
anteriores y pagar el costo financiero de
los pasivos acumulados. Ahí aparece el
círculo que ningún gobierno quiere
enfrentar.
¿De dónde viene y hacia dónde va?
La deuda mexicana
viene, fundamentalmente, de una combinación
de déficits presupuestarios acumulados,
refinanciamiento de obligaciones,
necesidades de financiamiento y decisiones
de política fiscal. Su destino se
encuentra en el financiamiento integral de
las necesidades del sector público. Pero la respuesta
económica de fondo todavía es otra:
¿El crecimiento futuro de México será suficiente
para pagar el costo de la deuda sin
sacrificar inversión pública, servicios y
capacidad fiscal? Esa es la variable
que habrá que vigilar. Porque el problema
de la deuda no comienza cuando un país pide
prestado.
Comienza cuando deja de tener suficiente
crecimiento para pagar lo que pidió
prestado. Y ahí, más que el
tamaño del número, importan la calidad del
gasto, el rendimiento de la inversión
pública y la capacidad del Estado para
transformar deuda en crecimiento económico. La columna Tengo Otros Datos se publica en los portales Domo de Cristal y Ekonosphera. Se reproduce con la autorización del autor). |
