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Tengo Otros Datos
Eduardo Esquivel Ancona
Denise
Dresser confunde el desabasto privado con la
responsabilidad del Estado: el oligopolio
farmacéutico bajo la lupa
La concentración de los distribuidores, las
barreras regulatorias y el poder de las
grandes cadenas farmacéuticas obligan a
mirar más allá de la confrontación política
con Claudia Sheinbaum. La dificultad para
conseguir un medicamento no debería
convertirse en una disputa de
descalificaciones políticas, sino en una
oportunidad para examinar cómo funciona el
mercado farmacéutico mexicano. Sin embargo,
la politóloga Denise Dresser optó por
colocar su experiencia personal en el centro
de una crítica contra el gobierno de la
presidenta Claudia Sheinbaum, a raíz de los
problemas que enfrentó para localizar
parches de buprenorfina prescritos después
de una cirugía de cadera. El episodio merece
atención, pero también exige distinguir
responsabilidades. Que una paciente recorra
más de 15 farmacias privadas sin encontrar
un medicamento es un hecho preocupante que
amerita una explicación. Lo que no resulta
económicamente riguroso es atribuir
automáticamente esa dificultad al gobierno
federal sin establecer si el problema se
originó en la fabricación, la disponibilidad
del producto, la distribución mayorista, las
decisiones comerciales de las farmacias o
las restricciones sanitarias aplicables a un
medicamento sujeto a control especial. La crítica de
Dresser abre, en realidad, una discusión más
amplia que va más allá de sus diferencias
con la administración de Sheinbaum: ¿Quién
controla el acceso a los medicamentos en
México y qué tan competitiva es la
estructura del mercado que los lleva desde
los laboratorios hasta los mostradores? Un problema de
mercado que no se resuelve con acusaciones
políticas La presidenta
Claudia Sheinbaum respondió que las
farmacias privadas operan bajo sus propias
autorizaciones sanitarias y que el
abastecimiento de esos establecimientos no
depende directamente del sistema público de
salud. La distinción es relevante: las
instituciones gubernamentales y los negocios
privados tienen mecanismos de compra,
inventarios y distribución diferentes,
aunque ambos están sujetos a la regulación
sanitaria federal. Dresser, por su
parte, cuestionó la respuesta presidencial y
sostuvo que los problemas de disponibilidad
de medicamentos también afectan al sector
privado. Su señalamiento merece una revisión
objetiva, pero no demuestra por sí mismo que
exista una responsabilidad directa del
gobierno en el caso particular que relató. En el mercado
farmacéutico, la ausencia de un producto
puede obedecer a múltiples factores:
interrupciones en la producción,
insuficiencia de inventarios, concentración
de proveedores, problemas de transporte,
decisiones de comercialización o
restricciones relacionadas con la
autorización y dispensación de sustancias
controladas. En el caso de la
buprenorfina, además, es indispensable
distinguir entre una eventual escasez
comercial y una retención regulatoria
debidamente acreditada. No basta con que en
una farmacia se informe que un producto está
retenido o sellado para concluir que existe
una falla generalizada de la autoridad
sanitaria. Para sostener esa afirmación se
necesita conocer qué establecimiento tenía
el producto, qué autoridad intervino y cuál
fue la causa de la medida. Por eso, la pregunta
económica de fondo no es quién gana una
confrontación en redes sociales, sino qué
eslabón de la cadena de suministro falló y
quién debe responder por ello. La concentración
de la distribución: el verdadero debate
económico Si Dresser pretende
analizar con rigor las dificultades para
acceder a los medicamentos, tendría que
dirigir parte de su atención a la estructura
del mercado farmacéutico y al poder que
históricamente han acumulado los grandes
distribuidores mayoristas. Empresas como Nadro,
FANASA y Marzam participan en la
distribución de medicamentos a farmacias y
otros compradores. Su función consiste en
conectar a cientos de laboratorios con miles
de puntos de venta, mediante infraestructura
de almacenamiento, transporte,
administración de inventarios y entrega. Esta escala puede
generar eficiencias logísticas y reducir
costos por volumen. Sin embargo, cuando una
parte importante del abastecimiento depende
de un número limitado de intermediarios,
también surgen riesgos económicos: menor
capacidad de negociación para las farmacias
independientes, barreras de entrada para
nuevos competidores y vulnerabilidad ante
interrupciones en la cadena de suministro. El problema no
consiste en afirmar, sin pruebas, que todos
los distribuidores actúan de manera
monopólica o que coordinan sus decisiones
comerciales. Consiste en exigir información
transparente sobre sus participaciones de
mercado, las condiciones de acceso a sus
redes, los márgenes de intermediación y los
posibles obstáculos a la competencia. La Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece), antes de
su transformación institucional, investigó
prácticas y condiciones de competencia en
distintos segmentos del mercado
farmacéutico. Esos antecedentes justifican
mantener la atención sobre la concentración
económica, pero no permiten atribuir
automáticamente una práctica anticompetitiva
a una empresa ni concluir que los
principales distribuidores controlan por sí
solos todo el mercado privado. También es necesario
diferenciar dos realidades: el suministro de
medicamentos al sector público y el
abastecimiento de farmacias privadas. Aunque
existen empresas que participan en ambos
circuitos, sus clientes, contratos,
mecanismos de adquisición y condiciones
comerciales no son idénticos. Del antiguo
modelo de compras públicas al poder de los
intermediarios Durante años, la
adquisición de medicamentos por parte de las
instituciones públicas estuvo marcada por
procedimientos fragmentados, diferencias de
precios y una fuerte participación de
proveedores privados. En ese entorno, un
grupo reducido de empresas llegó a
concentrar una proporción considerable de
las ventas al gobierno. Entre las compañías
que figuraron en ese mercado se encuentran
Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos
Maypo, DIMESA, Ralca, Savi Distribuidores,
Vitasanitas y otras firmas especializadas en
el suministro institucional. La concentración de
contratos públicos en pocos proveedores
planteó interrogantes legítimos sobre la
competencia, la transparencia de las
adjudicaciones y la capacidad del Estado
para negociar precios favorables. Sin
embargo, las cifras de concentración
correspondientes a las compras
gubernamentales no deben trasladarse
automáticamente al mercado privado, pues se
trata de segmentos que requieren mediciones
específicas. Las reformas a los
mecanismos de adquisición pública también
modificaron la relación entre el gobierno,
los fabricantes y los intermediarios. La
centralización de compras buscó mejorar las
condiciones de contratación y combatir las
distorsiones del modelo anterior, aunque los
cambios logísticos y administrativos han
enfrentado dificultades que deben evaluarse
con datos verificables. El punto central es
que ni la contratación pública ni la
distribución privada pueden analizarse
únicamente desde la confrontación entre
gobiernos y opositores. Se requiere examinar
la competencia, la eficiencia de las cadenas
de suministro, los inventarios y los
incentivos económicos de cada participante. GNK Logística y
PureHD: contratos y vínculos que requieren
escrutinio documental Otro capítulo del
debate corresponde a las empresas dedicadas
al almacenamiento, la distribución y los
servicios médicos integrales, entre ellas
GNK Logística y PureHD, mencionadas en
investigaciones periodísticas relacionadas
con proveedores del sector salud y con redes
empresariales vinculadas a contrataciones
públicas. La participación de
estas compañías en contratos
gubernamentales, así como los vínculos
empresariales atribuidos a sus propietarios
o directivos, debe examinarse a partir de
documentos oficiales, expedientes de
contratación y resoluciones de las
autoridades competentes. Las investigaciones
sobre las redes de proveedores de
medicamentos han señalado la importancia de
revisar quién obtuvo los contratos, bajo qué
procedimientos, por qué montos y con qué
resultados. No obstante, la existencia de
contratos millonarios o de relaciones
familiares y empresariales no constituye,
por sí sola, prueba de corrupción o de una
conducta ilícita. En este terreno, la
exigencia de transparencia debe ser la misma
para todos los gobiernos y todas las
empresas: contratos públicos accesibles,
competencia efectiva, mecanismos de
vigilancia y sanciones cuando se acrediten
irregularidades. También se han
difundido cifras elevadas sobre contratos
adjudicados a empresas identificadas
periodísticamente con el llamado «cártel de
las medicinas». Antes de utilizar montos
acumulados de cientos de miles de millones
de pesos como prueba de una red ilícita, es
indispensable verificar el periodo
considerado, las empresas incluidas, la
naturaleza de los contratos y si las
cantidades corresponden a adjudicaciones,
pagos efectivamente realizados o
estimaciones agregadas. Sin esa distinción,
una cifra puede perder rigor y conducir a
conclusiones equivocadas. El acceso a
medicamentos exige algo más que una disputa
con Palacio Nacional La experiencia de
Dresser puede ser el punto de partida de una
discusión necesaria, pero no debería
convertirse en una explicación simplificada
de las dificultades del mercado farmacéutico
mexicano. Si más de 15
farmacias no pudieron surtir una receta, las
preguntas pertinentes son concretas: ¿había
existencias del medicamento en los centros
de distribución?, ¿los laboratorios lo
estaban produciendo y comercializando?,
¿existían restricciones regulatorias
específicas?, ¿las farmacias podían
adquirirlo a través de otros proveedores?,
¿qué información tenían las autoridades
sanitarias sobre su disponibilidad? Responderlas
permitiría establecer responsabilidades y
distinguir entre un problema de producción,
una falla logística, una decisión comercial
o una actuación regulatoria. La discusión también
obliga a reconocer que la concentración
económica puede afectar a los consumidores
sin que necesariamente exista una infracción
legal. Cuando pocos participantes ocupan
posiciones estratégicas en una cadena de
suministro, las autoridades deben vigilar
que esa estructura no se traduzca en
barreras injustificadas, condiciones
abusivas o riesgos para el abastecimiento. Por eso, la crítica
a Dresser no consiste en negar la dificultad
que experimentó ni en descalificarla por sus
diferencias políticas con Claudia Sheinbaum.
Consiste en cuestionar que un caso
individual se convierta en una acusación
general contra el gobierno sin contar con
evidencia suficiente para determinar el
origen del problema. Una analista que
aspira a intervenir en el debate público
debería distinguir entre una experiencia
personal, una hipótesis económica y una
conclusión demostrada. Esa exigencia no
cambia dependiendo de quién ocupe la
Presidencia. México necesita
garantizar que los medicamentos estén
disponibles para quienes los requieren,
fortalecer la supervisión sanitaria y evitar
que la concentración de la distribución
limite el acceso o encarezca los
tratamientos. Para lograrlo, se necesita
información verificable, competencia
efectiva y responsabilidades claramente
delimitadas. La columna Tengo Otros Datos se publica en los portales Domo de Cristal y Ekonosphera. Se reproduce con la autorización del autor). |
