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Prometeo
Por Mario Sandoval
Cuando la justicia también manda
señales a los mercados
El caso
Ruffo, la confianza institucional y
el costo económico de una justicia
percibida como selectiva.
Conocí a Ernesto Ruffo Appel
hace más
de 35 años, cuando siendo
gobernador de Baja California nos
inauguró instalaciones de Banamex en
Baja California. A lo largo de mi
trayectoria profesional en el sector
financiero, tuve oportunidad
de trabajar y tratar con autoridades
en distintos estados del norte,
centro, sur y sureste del país. De
los gobernadores con quienes tuve
contacto, Ruffo fue, en mi
experiencia personal, uno de los más
decentes.
Eso no demuestra su inocencia.
Tampoco su trayectoria política
puede convertirse en inmunidad.
Si la Fiscalía General de la
República tiene pruebas suficientes
para acreditar que participó
conscientemente en delitos, debe
presentarlas ante los tribunales y
asumir la responsabilidad que
corresponda.
Pero tampoco podemos ignorar lo
extraordinario del caso.
Hablamos de un hombre de 74
años, del primer gobernador panista
de Baja California y de una figura
emblemática de la alternancia
política mexicana, detenido y
presentado mediante un despliegue de
alto impacto, esposado y rodeado por
elementos federales, como
corresponde a la imagen pública de
un individuo de elevada
peligrosidad.
Una orden de aprehensión, sin
embargo, no es una sentencia. Y
cuando una actuación de esta
naturaleza ocurre en un país cuyo
Poder Judicial atraviesa una reforma
profundamente cuestionada por su
politización, la pregunta deja de
ser solamente quién es Ernesto
Ruffo.
La pregunta es qué mensaje está
enviando México sobre la forma en
que aplica la ley.
Una sola justicia o varias
El problema central no consiste
en afirmar que Ruffo es inocente
porque fue un gobernador respetado.
Eso sería jurídicamente
absurdo.
El problema es la percepción de
asimetría.
En México existen otros
personajes públicos —entre ellos
gobernadores, exsecretarios y
dirigentes políticos— alrededor de
los cuales han surgido
controversias, investigaciones
periodísticas o cuestionamientos
públicos. Eso tampoco demuestra
responsabilidad penal de personas
como Rubén Rocha Moya, Marina del
Pilar, Maru Campos o Adán Augusto
López Hernández.
Pero la ciudadanía observa.
Observa cuándo la autoridad
actúa.
Observa cuándo investiga.
Observa cuándo despliega toda
la fuerza del Estado.
Y observa también cuándo parece
no hacerlo.
Ahí comienza el problema de
credibilidad.
Porque un Estado de derecho no
puede funcionar bajo la percepción
de que existen diferentes
velocidades de justicia dependiendo
de la cercanía o distancia respecto
del poder político.
Baja California no es cualquier
estado.
El efecto tampoco es
exclusivamente político.
Baja California es una de las
economías estratégicas de México.
En abril de 2026 registró
aproximadamente 5,596 millones de
dólares en ventas internacionales y
4,647 millones en compras, con un
superávit mensual cercano a 949
millones de dólares. Estados Unidos
fue, por enorme diferencia, su
principal destino comercial. La
entidad acumuló además unos 36 mil
millones de dólares de inversión
extranjera directa entre 1999 y
2024.
Es una economía binacional.
Tijuana, Mexicali, Tecate y el
resto de la región forman parte de
cadenas productivas que no terminan
en la frontera.
Electrónica.
Dispositivos médicos.
Manufactura.
Automotriz.
Logística.
Comercio.
Servicios.
Por eso cualquier señal de
incertidumbre institucional tiene
una lectura diferente en Baja
California.
Un inversionista estadounidense
puede no conocer personalmente a
Ruffo ni interesarle su historia
política.
Pero sí entiende perfectamente
tres palabras:
Rule of law.
Estado de derecho.
La reputación institucional
también tiene precio
México exportó a Estados Unidos
alrededor de 535 mil millones de
dólares durante 2025, un máximo
histórico. El intercambio bilateral
total alcanzó aproximadamente 873
mil millones de dólares.
En 2026, Estados Unidos sigue
absorbiendo una proporción
extraordinariamente alta de las
exportaciones mexicanas; datos
oficiales recopilados por Data
México sitúan esa participación
alrededor del 83%.
Eso significa que nuestra
reputación institucional ya no es
exclusivamente un asunto doméstico.
Los consejos de administración
internacionales evalúan:
seguridad;
regulación;
energía;
impuestos;
T-MEC;
Poder Judicial;
protección de inversiones;
cumplimiento de contratos.
Y también evalúan riesgo
político.
Una empresa puede tolerar
impuestos altos si conoce las
reglas.
Puede asumir costos laborales
elevados si existe productividad.
Puede aceptar regulaciones
estrictas si son previsibles.
Lo que difícilmente puede
cuantificar es una justicia
percibida como discrecional.
Porque el riesgo político no
siempre provoca que una empresa
abandone inmediatamente un país.
Su efecto suele ser más
silencioso.
La inversión nueva se pospone.
El consejo solicita otro
estudio.
La matriz reduce el monto.
El proyecto se divide.
La tasa de retorno exigida
aumenta.
El capital termina en otra
jurisdicción.
Y nadie anuncia una conferencia
de prensa para explicar la inversión
que nunca llegó.
El caso Ruffo como señal
Por eso considero que el caso
debe manejarse con enorme
responsabilidad institucional.
Si existen pruebas sólidas, que
se presenten.
Si Ruffo participó
conscientemente en una organización
criminal, deberá responder.
Pero la Fiscalía debe demostrar
con claridad qué hizo.
Qué sabía.
Cuándo lo supo.
Cuál fue su participación
personal.
Y cuáles son las pruebas.
Su calidad de empresario,
accionista o exgobernador no puede
sustituir la acreditación individual
de una conducta delictiva.
Tampoco debería hacerlo el
espectáculo de una detención.
Particular atención merece
cualquier cuestionamiento sobre
cambios de juzgadores o decisiones
judiciales sucesivas alrededor de
una orden de aprehensión. Que exista
un cambio de juez no demuestra, por
sí mismo, manipulación alguna. Pero
precisamente por el contexto actual
del Poder Judicial, las autoridades
deberían ser extraordinariamente
transparentes para evitar que se
genere la percepción de que, cuando
una resolución no resulta favorable,
simplemente se busca otra vía para
obtenerla.
La confianza institucional
tarda décadas en construirse.
Y minutos en deteriorarse.
¿Esto beneficia a México?
Sí, si se demuestra que la ley
alcanza a todos.
Un México capaz de investigar y
sancionar corrupción, contrabando,
delincuencia organizada y delitos
fiscales, independientemente de
quién resulte responsable, fortalece
su posición internacional.
Eso genera confianza.
Pero ocurre exactamente lo
contrario cuando la sociedad percibe
selectividad.
Si los adversarios enfrentan
una justicia rápida y espectacular
mientras los personajes cercanos al
poder reciben un tratamiento
aparentemente diferente, el mensaje
cambia.
Ya no es combate a la
impunidad.
Es percepción de utilización
política de las instituciones.
Y eso perjudica a todos.
Al gobierno.
Al Poder Judicial.
A las empresas.
A los inversionistas.
Y finalmente al ciudadano.
El momento no podría ser más
delicado
México enfrenta además un
entorno económico complicado. Las
previsiones recientes sitúan el
crecimiento de 2026 alrededor de
apenas 1%, con estimaciones
diferentes entre organismos,
mientras la inversión pública ha
permanecido en niveles reducidos y
persisten cuestionamientos sobre
productividad, deuda y Estado de
derecho.
Al mismo tiempo, el T-MEC
atraviesa un periodo crítico de
negociación y revisión. La industria
automotriz mexicana ya enfrenta
incertidumbre por aranceles
estadounidenses y posibles
modificaciones a las reglas de
origen.
No parece el mejor momento para
agregar incertidumbre institucional.
México necesita convencer al
mundo de que es un país donde se
puede invertir durante veinte o
treinta años.
Eso requiere mucho más que mano
de obra competitiva y cercanía
geográfica.
Requiere instituciones
creíbles.
Una reflexión personal
El Ernesto Ruffo que yo conocí
no corresponde con la imagen de un
"capo de capos".
Puedo estar equivocado.
Las personas pueden tener
facetas desconocidas incluso para
quienes trataron con ellas.
Por eso existen los tribunales.
Pero precisamente por eso
necesito que las instituciones me
convenzan con pruebas.
No con esposas.
No con fotografías.
No con despliegues.
Y mucho menos con afinidades
políticas.
México tiene ante sí una
oportunidad extraordinaria por su
integración económica con
Norteamérica. Pero para aprovecharla
necesita demostrar algo elemental:
que la ley no tiene partido.
Si Ruffo es culpable, que sea
condenado con pruebas y debido
proceso.
Si no lo es, que sea absuelto.
Y que exactamente la misma vara
se utilice frente a cualquier
gobernador, secretario, empresario o
dirigente político, sin importar sus
relaciones con el gobierno en turno.
Porque la justicia selectiva
tiene un costo que no aparece en el
Presupuesto de Egresos.
Se refleja en inversión que se
pospone.
En empresas que no crecen.
En capital que exige una mayor
prima de riesgo.
En empleos que no se crean.
Y en una imagen internacional
que comienza a preguntarse si México
ofrece solamente ventajas
geográficas y comerciales o también
instituciones capaces de
protegerlas.
La verdadera prueba del nuevo
Poder Judicial mexicano no será
demostrar que puede perseguir a los
adversarios del poder.
Será demostrar que puede
investigar, juzgar y, en su caso,
sancionar con la misma independencia
a quienes están cerca y a quienes
están lejos de él.
Eso sí beneficiaría a México.
Y ésa sería, quizá, la mejor
señal que podríamos enviar al mundo.
Mario Sandoval
PROMETEO ( previsión/prospección) CEO FISAN SOFOM ENR Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. |
