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Prometeo
Por Mario Sandoval
PUI: cuando el Estado no resuelve y
decide que el sector privado pague
la factura.
México
enfrenta una crisis real de
desapariciones. Nadie con seriedad
puede cuestionar la necesidad de
fortalecer los mecanismos de
búsqueda. Lo que sí debe
cuestionarse —y con rigor— es cómo
se está trasladando esa
responsabilidad al sector privado,
particularmente al sistema
financiero no bancario.
La Plataforma Única de
Identidad (PUI), impulsada por la
Secretaría de Gobernación y
formalizada mediante lineamientos
publicados en el DOF el 27 de
noviembre de 2025, obliga a
entidades públicas y privadas a
interconectarse tecnológicamente
mediante APIs para responder
consultas de identidad vinculadas a
personas desaparecidas.
El concepto suena técnico. El
impacto es económico, operativo y
estructural.
→
¿Qué
es una API y por qué
hoy es una carga?
Una API (Interfaz de
Programación de Aplicaciones) es un
canal de comunicación entre
sistemas. Permite que una plataforma
—en este caso la del gobierno— envíe
consultas y reciba respuestas
automatizadas desde sistemas
privados.
En la PUI, esto implica:
→
desarrollo o integración tecnológica
→
disponibilidad 24/7
→
protocolos de seguridad (tokens,
cifrado)
→
bitácoras
auditables
→
pruebas técnicas
→
respuesta en tiempo real
Esto no es un trámite
administrativo.
Es una obligación tecnológica
permanente.
→
El costo real: lo visible y lo
invisible
En el mercado, la
implementación de estas APIs se está
cotizando solo como referencia
básica entre $100,000 y $200,000
pesos.
El costo real incluye:
→
inversión
inicial
→
dependencia tecnológica
→
mantenimiento implícito
→
riesgo operativo
Y además:
→
tiempo directivo
→
gestión
interna
→
supervisión
técnica
→
adaptación
regulatoria continua
→
Multas: el verdadero incentivo
La Ley General de Población
establece sanciones de 10,000 a
20,000 UMAs.
Con UMA aproximada de $117 en
2026:
→
mínimo:
~$1.17 millones
→
máximo:
~$2.34 millones
Esto deja claro el mecanismo:
no es cumplimiento por
convicción
es cumplimiento por presión
→
El contexto incómodo: cifras que no
cuadran
México enfrenta más de 130,000
personas desaparecidas según cifras
oficiales recientes.
Al mismo tiempo:
→
existen registros incompletos
→
hay cuestionamientos sobre cifras
reales
→
organismos internacionales han
elevado preocupación
Entonces la pregunta es
inevitable:
¿el Estado está resolviendo el
problema… o está redistribuyendo la
carga?
→
SOFOMES: de solución
a sector presionado
Hace 20 años, las SOFOMES
nacieron como:
→
instrumentos de inclusión
financiera
→
mecanismos
ágiles
de crédito
→
alternativas a la banca tradicional
Hoy el sector es:
→
fragmentado
→
subrepresentado
→
sobrerregulado
→
con bajo acceso a fondeo
Y ahora enfrenta:
→
cargas tecnológicas
adicionales sin proporcionalidad
Resultado:
un sector alineado por presión,
no por estrategia
→
¿Se
está
desincentivando ser SOFOM?
Cada nueva obligación implica:
→
más
costos
→
menos margen
→
mayor riesgo
→
ventaja para grandes jugadores
Consecuencia:
→
salida silenciosa
→
concentración
→
menor competencia
No es una política declarada.
Pero sí es un efecto
acumulativo evidente.
→
CNBV y CONDUSEF: acompañamiento
limitado
La CNBV ha respaldado
públicamente la PUI.
Pero no existe una ruta
operativa clara y proporcional para
entidades pequeñas y medianas.
CONDUSEF, por su parte,
mantiene su estructura, pero sin una
estrategia visible para acompañar
esta nueva carga tecnológica.
El mensaje implícito es:
cumplan… y resuélvanlo
internamente.
→
¿Esto
pasa en EE.UU. o Canadá?
No hay evidencia de un esquema
equivalente.
En EE.UU.:
→
sistemas como NCIC son operados por
autoridades
→
no existe obligación
general de APIs para privados
financieros
En Canadá:
→
el enfoque es institucional y
forense
En ambos casos:
→
el costo operativo recae en el
Estado.
La PUI tiene una finalidad
legítima.
Pero su implementación en
México refleja una tendencia:
cuando el Estado no logra
resolver completamente un problema
estructural,
traslada parte de la carga al
sector privado.
Los efectos son claros:
→
mayor costo
→
menor competencia
→
presión
a intermediarios pequeños
Cumplir es inevitable.
Pero aceptar sin cuestionar no
debería serlo.
Un Estado eficaz no solo impone
obligaciones.
Las diseña con
proporcionalidad.
Hoy, la PUI cumple un objetivo
político.
Pero aún no logra equilibrio
técnico ni económico.
El problema no es la PUI.
El problema es un Estado que no
logra resolver por sí mismo una
crisis estructural y decide que el
sector privado absorba parte del
costo, el riesgo y la operación.
Así no se construye política
pública eficiente.
Así se traslada
responsabilidad.
Y cuando eso ocurre, el costo
no desaparece:
lo paga el sistema financiero,
lo paga la empresa… y eventualmente
lo paga el ciudadano.
Mario Sandoval
PROMETEO ( previsión/prospección) CEO FISAN SOFOM ENR Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. |
