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Puntales
Por Agustín Vargas
Elevados
riesgos operativos
§
Inseguridad y presiones regulaciones
§
Peligra
viabilidad de empresas
§
Desaparecidos inquietan a bancos
§
UIF
capacitará a empresas familiares
Ante
la visita a México del representante
comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el avance de
las conversaciones bilaterales previas a la
revisión del T-MEC, empresarios mexicanos y
extranjeros asentados en nuestro país
solicitan que este proceso se conduzca con
visión regional, responsabilidad política y
certidumbre para la inversión, el empleo y
la actividad económica. Se sabe que ambos
gobiernos ya encaminaron una fase de diálogo
que podría derivar en negociaciones formales
en las próximas semanas. La revisión del
acuerdo debe leerse con una visión amplia de
país. No se trata únicamente de una
discusión industrial o arancelaria, sino de
una decisión con efectos directos sobre
comercio, servicios, logística, proveeduría,
turismo y cadenas de valor que sostienen la
economía cotidiana en miles de empresas
mexicanas. En este diálogo, sin
duda, se ha tratado también el tema que a
todos los mexicanos, buena parte de la
comunidad extranjera radicada aquí y
empresas que operan en México les resulta
preocupante: La incesante inseguridad. La combinación de
inseguridad persistente y presiones
regulatorias internacionales eleva de manera
significativa —y cada vez más compleja— los
riesgos operativos a los que se enfrenta el
sector privado en México, al generar un
entorno de creciente incertidumbre que
impacta directamente la viabilidad,
continuidad y competitividad de las
empresas. El deterioro del
entorno de seguridad en diversas regiones
del país, así como por el efecto acumulado
que esta situación tiene sobre la operación
cotidiana de las empresas y la integridad de
las cadenas de suministro, provocó que la International
Chamber of Commerce México (ICC México),
organismo que aglutina a cientos de empresas
norteamericanas, a lanzar una alerta justo
en el marco de la visita a México del
representante comercial del gobierno
estadunidense. La ICC expresó su
preocupación debido a que eventos recientes
han evidenciado con claridad la fragilidad
del entorno operativo en amplias zonas del
territorio nacional, al afectar de manera
directa la movilidad, el transporte de
mercancías, la continuidad de operaciones,
así como la seguridad del personal y de las
instalaciones empresariales, lo cual,
advierte, no sólo incrementa los riesgos
físicos, sino que también introduce nuevas
complejidades en materia de cumplimiento
corporativo y gestión de riesgos. La realidad actual
muestra un aumento sostenido en la
exposición de las empresas a distintas
formas de presión ilícita, incluyendo
aquellas que se manifiestan de manera
indirecta a través de intermediarios,
contratistas o proveedores dentro de la
cadena de valor, además de disrupciones
logísticas derivadas de incidentes de
violencia focalizada, bloqueos y robos,
particularmente en el transporte de carga,
que afectan la eficiencia y confiabilidad de
las operaciones. De manera paralela,
las empresas enfrentan un entorno
regulatorio más exigente, en el que los
estándares internacionales de cumplimiento
demandan una mayor profundidad en los
procesos de debida diligencia a lo largo de
toda la cadena de suministro. Esta
combinación de factores eleva los costos
operativos, incrementa la complejidad de la
gestión empresarial y afecta la
competitividad de diversos sectores
productivos. Frente a este
panorama, es urgente e impostergable para el
gobierno mexicano el diseño de esquemas
transparentes y estandarizados de
colaboración con las fuerzas de seguridad
pública para la protección de operaciones
estratégicas, infraestructura crítica y
personal en territorio, pero sobre todo, de
la población en general, en lugar de andar
participando en foros internacionales
plagados de retórica pregonando la paz
cuando en México padecemos nuestra propia
guerra en contra de la inseguridad pública.
Desaparecidos inquietan a bancos Gran inquietud ha
causado en el sector financiero, incluyendo
a los bancos, la determinación de las
autoridades de que será obligatorio que las
empresas se registren en la Plataforma Única de Identidad del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas,
a efecto de que permitan el acceso a sus
bases de clientes y se pueda cotejar entre
ellos la posible presencia y operatividad de
mujeres y hombres que han sido reportados
como desaparecidos. Se supone que la
autoridad fijará una fecha límite para que
las entidades financieras se inscriban, con
la advertencia de que, en caso de no cumplir
con el pedimento, se les aplicarán
importantes sanciones económicas, tanto por
omitir la suscripción como el no proveer la
información cuando sea requerida por las
autoridades. Se sabe que las
principales asociaciones intermediarios y
bancos han solicitado de antemano la
prórroga de un año para su aplicación, a
efecto de que tengan el tiempo suficiente
para preparar sus sistemas y crear las
herramientas tecnológicas que permitan
cumplir tal propósito, sin exponer la
vulnerabilidad de sus sistemas y la
información confidencial de los usuarios de
los servicios financieros. El Registro
Nacional de Población (RENAPO) de
la Secretaría de Gobernación, es el
organismo responsable de implementar la
Plataforma, pero hasta ahora no se ha
emitido la normativa correspondiente, por lo
que los intermediarios están en ascuas y
sumamente preocupados porque se vean
sorprendidos de un momento a otro.
UIF capacitará a empresas familiares A propósito del
sistema financieros, ayer la Secretaría de Hacienda, a través
de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF),
que dirige Omar Reyes Colmenares, y el
presidente de la Concanaco
Servytur, Octavio de la Torre,
sostuvieron una reunión para impulsar el
cumplimiento y prevenir el uso indebido del
sistema financiero, en particular en
empresas familiares. Durante la reunión
se abordó la importancia de impulsar
mecanismos de orientación, capacitación y
acompañamiento institucional que permitan a
las empresas, en particular a las de
carácter familiar, cumplir adecuadamente con
sus obligaciones y mitigar riesgos asociados
a sus operaciones. Asimismo, se destacó
que la claridad regulatoria y el
fortalecimiento de la cultura preventiva
contribuyen a generar mayor certeza
jurídica, así como a proteger la integridad
del sistema financiero frente a posibles
usos indebidos. La UIF subrayó la
relevancia de mantener un diálogo permanente
con el sector productivo, a fin de
fortalecer los procesos de identificación de
riesgos y consolidar entornos de legalidad
que favorezcan el desarrollo económico.
X:
@HbtMx
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